La sombra del socialismo

Un precio es más que una cifra impresa en una etiqueta. Es un mensaje que circula por un sistema complejo. Le indica al agricultor si vale la pena sembrar más trigo, a una fábrica si debe aumentar la producción, a un conductor si tiene sentido hacer un largo viaje para conseguir suministros y a un consumidor si conviene usar con moderación un artículo escaso.

Ese mensaje puede ser desagradable. Un precio más alto les dice a los compradores que un producto escasea o es caro de producir. También les indica a los proveedores que quizá valga la pena llevar más al mercado. Un precio máximo interrumpe ambos mensajes. Oculta la escasez a los compradores y reduce la recompensa para los vendedores. Entonces, la escasez se hace visible en otro lugar.

La distinción más importante es entre asequibilidad y disponibilidad. Una barra de pan cuyo precio está por debajo de su costo de producción puede parecer asequible para quien consigue una. Pero si las panaderías no pueden obtener harina, pagar a sus trabajadores, mantener los equipos o cubrir el transporte, el precio bajo no produce pan. Crea un incentivo para producir menos, sustituir ingredientes por otros de peor calidad, reducir el horario de atención o abandonar el mercado por completo.

En la Unión Soviética, los precios oficiales de muchos productos básicos se mantenían bajos por motivos políticos. Los productos podían parecer baratos en los estantes, pero a menudo era difícil encontrarlos. Los ciudadanos pasaban horas en colas, recurrían a contactos personales o aceptaban lo que llegara. El precio oficial era solo una parte de la transacción. El tiempo, la incertidumbre y el acceso componían el resto.

Por tanto, una cola no es la ausencia de un precio. Es un precio convertido en horas.

Esa conversión cambia quién paga. Un cliente adinerado puede comprarle a un proveedor privado o recurrir a un contacto. Un trabajador que cobra por hora pierde ingresos mientras espera. Un padre o una madre con poco tiempo quizá tenga que prescindir del producto. El gobierno puede anunciar que todos tienen derecho al mismo producto barato, mientras que el sistema real lo distribuye según la paciencia, la información, los contactos o la suerte.

Cuando lo barato escasea

La ciencia de la escasez es sencilla, aunque su presentación política rara vez lo sea. Si se ofrece un producto por debajo del nivel en que la oferta disponible satisface la demanda, los compradores buscan más de lo que los productores ofrecen. La brecha no desaparece porque la ley se niegue a nombrarla. Se convierte en un estante vacío, una lista de espera o una cartilla de racionamiento.

La crisis de la gasolina en Estados Unidos durante la década de 1970 mostró lo rápido que podía ocurrir. Estados Unidos sufrió interrupciones del suministro tras el embargo petrolero árabe, pero los controles federales de precios también limitaron lo que podían cobrar los productores nacionales y las gasolineras. Al precio controlado, los consumidores tenían motivos para comprar y almacenar más combustible. Los vendedores tenían menos margen para responder mediante los precios, la inversión o el suministro. Llegaron las largas colas: algunas estaciones limitaron las compras y otras cerraron cuando se agotaron sus entregas.

La cola generó sus propios desperdicios. Los autos permanecían al ralentí durante horas, quemando combustible mientras esperaban para conseguir combustible. Los conductores recorrían pueblos y ciudades en busca de una estación abierta. Algunas estaciones aplicaban un racionamiento por días pares e impares, permitiendo comprar a los vehículos según la última cifra de la matrícula. Una política destinada a proteger a los consumidores había creado un ritual cotidiano de escasez.

La misma estructura ha aparecido en la vivienda. Los controles de alquiler pueden proteger a los inquilinos actuales de aumentos repentinos, pero cuando los alquileres se mantienen por debajo de los niveles de mercado durante largos períodos, los propietarios pueden reducir el mantenimiento, destinar las propiedades a otros usos o evitar construir nuevas viviendas de alquiler. El apartamento es barato para quien ya lo tiene y casi imposible de conseguir para quien lo busca. El alquiler oficial es visible; las viviendas que faltan, no.

Un precio controlado también puede distorsionar la calidad. Si un proveedor no puede subir el precio, quizá recorte gastos de otras maneras. Horarios más cortos, porciones más pequeñas, reparaciones aplazadas, salarios más bajos y menos variedad son formas en que una empresa absorbe una restricción. El recibo no muestra ningún aumento, pero el producto ha cambiado.

De esto se desprende un hecho sorprendente: las escaseces no siempre se manifiestan en estantes vacíos; también pueden presentarse como estantes llenos de lo que nadie necesita. Cuando los precios oficiales favorecen un producto, los productores pueden inundar el mercado con lo que sigue siendo rentable y desatender lo que los consumidores realmente necesitan. La abundancia en un rincón puede coexistir con la desesperación en otro.

El mercado negro detrás del mercado oficial

Cuando se impide que el precio legal equilibre un mercado, suele aparecer otro precio. Puede llamarse precio del mercado negro, sobreprecio, soborno o, sencillamente, la cantidad necesaria para conseguir el artículo por canales extraoficiales. Cambia el nombre; no la función.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos racionaron productos como alimentos, combustible, ropa y caucho. Las cartillas y los cupones de racionamiento no eran meros controles de precios, sino intentos administrativos de gestionar la escasez. Aun así, surgió el comercio ilegal porque las asignaciones oficiales no se ajustaban a las necesidades de todos los hogares. Una familia con más cupones de los que podía usar podía intercambiarlos con otra que necesitara más. Un tendero con acceso a productos escasos podía venderlos en secreto. La regulación creó una segunda economía junto a la primera.

La experiencia soviética hizo especialmente visible esta división. Las tiendas oficiales ofrecían productos a precios fijados por el Estado, mientras que las redes informales suministraban lo que faltaba. Una persona con los contactos adecuados podía conseguir carne, repuestos o un apartamento mejor con más facilidad que alguien que solo tuviera dinero. El mercado no desapareció. Se volvió menos transparente y más dependiente de los privilegios.

Este es el peligro central de la señal de precios que se desvanece. Cuando el precio legal deja de comunicar la escasez, la información circula por canales privados. ¿Quién conoce a un proveedor? ¿Quién tiene acceso a un almacén? ¿Quién puede hacer un pago sin dejar recibo? ¿Quién tiene autoridad para torcer la regla?

A menudo se describe el mercado negro como un fracaso moral de las personas. Esa descripción pasa por alto su causa estructural. La gente recurre a los mercados extraoficiales porque el mercado oficial no puede cumplir su función básica. Un paciente puede pagar de más por un medicamento porque la farmacia regulada no tiene existencias. Un restaurante puede comprar ingredientes a un distribuidor sin licencia porque el proveedor autorizado no puede entregarlos. La transacción puede ser ilegal, pero la escasez que la origina es real.

Los mercados negros también conllevan riesgos que los mercados ordinarios suelen reducir. Los compradores no pueden verificar fácilmente la calidad. Los vendedores no pueden confiar en que los tribunales hagan cumplir los acuerdos. La violencia, el fraude y la corrupción se vuelven más útiles porque las disputas no pueden resolverse abiertamente. Entonces, el Estado puede responder con medidas más severas, tratando los síntomas como prueba de que hace falta aún más control.

El costo contraintuitivo de la igualdad

El hallazgo contraintuitivo es este: un precio bajo y uniforme puede producir un sistema profundamente desigual. La ley puede ofrecer el mismo precio a todos, pero el acceso se vuelve desigual porque el bien escaso se distribuye mediante esperas, contactos y pagos ocultos.

Esto cambia la imagen habitual de los controles de precios. El debate no trata simplemente de si los precios son altos o bajos. Trata de qué mecanismo decide quién recibe el producto. El precio de mercado selecciona, en parte, según el dinero. La cola selecciona según el tiempo. El mercado negro selecciona según los contactos y el riesgo. La asignación burocrática selecciona según las reglas y la discrecionalidad. Ninguno es neutral, pero fingir que el precio ha desaparecido solo oculta aquello que lo ha sustituido.

Esto importa porque el lenguaje político suele tratar el precio regulado como si fuera el costo total. Un apartamento barato puede exigir años en una lista de espera. Un medicamento de bajo costo puede requerir visitas repetidas a distintas farmacias. Un alimento subvencionado puede exigir hacer cola desde antes del amanecer. El precio monetario es menor, pero el costo total se ha trasladado a una forma más difícil de medir y más fácil de ignorar.

La carga también se reparte de manera desigual. Quienes tienen horarios flexibles pueden esperar. Quienes disponen de transporte pueden buscar. Quienes tienen contactos profesionales o políticos pueden saltarse la cola. El trabajador que no puede dejar su turno, la persona mayor que no puede cruzar la ciudad y la familia sin dinero de sobra se quedan con la promesa oficial, pero sin el bien en sí.

Los dos precios de La Habana

Cuba ofrece una visión particularmente clara de la división entre una economía oficial y otra extraoficial. Durante décadas, muchos productos se vendieron mediante el racionamiento y la distribución estatal. La cartilla de racionamiento daba acceso a productos básicos a precios controlados, pero las cantidades asignadas eran limitadas. A menudo, las familias necesitaban suministros adicionales de vendedores informales, mercados agrícolas, familiares en el extranjero o redes capaces de conseguir lo que faltaba en las tiendas estatales.

En La Habana, la diferencia entre un precio estatal y un precio que permitiera conseguir el producto se percibía en la distancia entre una tienda gubernamental casi vacía y un vendedor privado que ofrecía alimentos a un precio más alto. El primer precio tenía un significado político: declaraba que los productos esenciales estaban protegidos de las fuerzas habituales del mercado. El segundo tenía un significado práctico: reflejaba la escasez, el transporte, el riesgo y el esfuerzo necesario para conseguir suministros.

El resultado no fue una sociedad sin precios. Fue una sociedad con varios precios en funcionamiento al mismo tiempo. Uno lo fijaba el Estado. Otro se pagaba en moneda convertible o con bienes escasos. Otro se pagaba mediante relaciones personales. Un médico, un mecánico o un empleado del gobierno podía tener acceso a algo que podía intercambiarse por algo que el dinero, por sí solo, difícilmente podía comprar.

Ese sistema convirtió la supervivencia cotidiana en una prueba de información y contactos. El sistema oficial afirmaba igualar el acceso, mientras que la escasez animaba a la gente a crear canales privados a su alrededor. Cuanto menos fiable se volvía el suministro oficial, más valiosos se volvían esos canales.

El costo humano no se limitaba a las molestias. La escasez alteraba los hábitos y las expectativas. La gente almacenaba productos cuando aparecían, compraba más de lo que necesitaba de inmediato y trataba una entrega corriente como si fuera un acontecimiento. El acaparamiento intensificaba entonces la escasez, que los funcionarios podían atribuir a consumidores egoístas en vez de a un sistema que había vuelto imprevisible el suministro.

Lo que revela el precio ausente

Es fácil condenar la señal de precios porque se hace visible en el momento de la compra. La cola resulta menos vergonzosa políticamente, el estante vacío es menos preciso desde el punto de vista matemático y el favor que se le debe a un funcionario con contactos es casi imposible de registrar. Sin embargo, los tres pueden ser costos creados al suprimir la señal original.

Los seres humanos no dejan de responder a la escasez porque un gobierno prohíba subir los precios. Responden esperando, sustituyendo, acaparando, regateando, ocultando e intercambiando. El mercado no desaparece cuando se restringe su forma legal; a menudo se repliega a lugares más oscuros y menos sujetos a rendir cuentas.

Una sociedad puede declarar que los productos esenciales serán baratos. No puede decretar que las granjas produzcan más, que las fábricas se reparen solas, que los camiones lleguen a tiempo ni que los trabajadores acepten pérdidas indefinidamente. Bajo la promesa, alguien todavía tiene que pagar, con dinero, horas, calidad, libertad o acceso.

Cuando desaparece la etiqueta del precio, el costo no desaparece con ella. Simplemente se vuelve más difícil de ver - y quizá revela mejor quién tiene realmente el poder.

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